¿Cuál será el destino de los 2.100 millones de dólares?
Luego de conocerse el acuerdo al que llegaron los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela con la justicia de los Estados Unidos, quedan algunas dudas si no de forma sí muchas de fondo.
Como primera medida, hay que compartir las palabras del Fiscal General de la Nación en cuanto a que definitivamente la decisión que tomaron los ex capos, era la más sensata, pues aparte de asumir sus responsabilidades, pensaron en el futuro de sus familias y les evitaron la tragedia que tuvieron que vivir, por ejemplo, la esposa y los hijos de Pablo Escobar a quienes les cerraron las puertas en casi todos los países.
Pero la celebración se puede opacar si analizamos detenidamente, y siendo realistas, los pormenores y los trámites que vienen luego del acuerdo.
Muerto Escobar desde hace trece años, esta es la hora en la que aún faltan por finalizar procesos de extinción de dominio en contra de sus herederos, según lo publica hoy El Tiempo. Mientras tanto, ¿Qué ha pasado con todos los bienes que todavía no se han legalizado?, ¿siguen siendo de la familia Escobar y por lo tanto, siguen sacando provecho de ellos?
No estaría mal, pero el manto de duda, como siempre, recae sobre el gobierno, sobre la Dirección de Estupefacientes y sobre aquellos a quienes compete llevar a cabo el proceso.
En pocas palabras, la ley colombiana caracterizada por la libre interpretación, por el acomodo, por la improvisación y por su exceso de trámites, debería dejar de ser para los de ruana y en lugar de aplicársele toda a ellos, podría tenerlos en cuenta, por ejemplo en estos casos en los cuales hay mucho dinero por “repartir”.
¿Qué pasó con la Hacienda Nápoles, con sus animales y sus tierras?. ¿Quiénes la están disfrutando?. ¿Hay desplazados en ellas?. ¿Se piensa, cuando están en juego millones de dólares, en invertirlos en función social?
Aquí, como es costumbre, pasa de todo. Incautan una avioneta llena de droga y en lugar de ponerla al servicio de la Cruz Roja o de la Aerocivil o qué sé yo, la queman, como quemaron los soldados de la guaca, miles de billetes porque no les cabían en sus morrales.
No es de extrañarnos ahora que, una vez entregadas la propiedades de los Rodríguez Orejuela, todo el dinero que representan, termine destinado a aumentar el sueldo de los congresistas o de los altos funcionarios del Estado, o como parte de los recursos “necesarios” para la desmovilización de las autodefensas.
Hay que pensar, si realmente se tiene voluntad y anhelo de una verdadera política social, en los muchos beneficios que traería para una población cada vez más pobre, el buen uso de esos 2.100 millones de dólares que devolvieron los Rodríguez.
Luego de conocerse el acuerdo al que llegaron los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela con la justicia de los Estados Unidos, quedan algunas dudas si no de forma sí muchas de fondo.
Como primera medida, hay que compartir las palabras del Fiscal General de la Nación en cuanto a que definitivamente la decisión que tomaron los ex capos, era la más sensata, pues aparte de asumir sus responsabilidades, pensaron en el futuro de sus familias y les evitaron la tragedia que tuvieron que vivir, por ejemplo, la esposa y los hijos de Pablo Escobar a quienes les cerraron las puertas en casi todos los países.
Pero la celebración se puede opacar si analizamos detenidamente, y siendo realistas, los pormenores y los trámites que vienen luego del acuerdo.
Muerto Escobar desde hace trece años, esta es la hora en la que aún faltan por finalizar procesos de extinción de dominio en contra de sus herederos, según lo publica hoy El Tiempo. Mientras tanto, ¿Qué ha pasado con todos los bienes que todavía no se han legalizado?, ¿siguen siendo de la familia Escobar y por lo tanto, siguen sacando provecho de ellos?
No estaría mal, pero el manto de duda, como siempre, recae sobre el gobierno, sobre la Dirección de Estupefacientes y sobre aquellos a quienes compete llevar a cabo el proceso.
En pocas palabras, la ley colombiana caracterizada por la libre interpretación, por el acomodo, por la improvisación y por su exceso de trámites, debería dejar de ser para los de ruana y en lugar de aplicársele toda a ellos, podría tenerlos en cuenta, por ejemplo en estos casos en los cuales hay mucho dinero por “repartir”.
¿Qué pasó con la Hacienda Nápoles, con sus animales y sus tierras?. ¿Quiénes la están disfrutando?. ¿Hay desplazados en ellas?. ¿Se piensa, cuando están en juego millones de dólares, en invertirlos en función social?
Aquí, como es costumbre, pasa de todo. Incautan una avioneta llena de droga y en lugar de ponerla al servicio de la Cruz Roja o de la Aerocivil o qué sé yo, la queman, como quemaron los soldados de la guaca, miles de billetes porque no les cabían en sus morrales.
No es de extrañarnos ahora que, una vez entregadas la propiedades de los Rodríguez Orejuela, todo el dinero que representan, termine destinado a aumentar el sueldo de los congresistas o de los altos funcionarios del Estado, o como parte de los recursos “necesarios” para la desmovilización de las autodefensas.
Hay que pensar, si realmente se tiene voluntad y anhelo de una verdadera política social, en los muchos beneficios que traería para una población cada vez más pobre, el buen uso de esos 2.100 millones de dólares que devolvieron los Rodríguez.
1 comentario:
Muy bueno
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